El Congreso aprueba la reforma sanitaria que establece el copago sanitario
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la ‘universalidad’ de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los ‘abusos’ en sus prestaciones.
El Congreso ha convalidado hoy el decreto de reforma sanitaria que pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, con la mayoría parlamentaria del PP, el apoyo del único diputado de UPN y el rechazo del resto de los grupos.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido que gracias a estas medidas se garantizan la sostenibilidad y universalidad de la sanidad pública, mientras que los otros partidos han criticado que la norma no se haya tramitado como un proyecto de ley al que poder presentar enmiendas.
El Congreso ha rechazado una petición en este sentido de los grupos parlamentarios, algo que ha justificado la ministra en que España atraviesa «un momento excepcional y de urgencia».
Mato ha resumido los objetivos de este decreto en garantizar el futuro de la Sanidad, cuya deuda se ha vuelto «insostenible», afrontar con «urgencia y determinación» que la situación se «volviese irreversible» y garantizar el derecho de los españoles a una sanidad universal, gratuita y de calidad.
El real decreto, aprobado por el Gobierno el 20 de abril, incluye actuaciones como el «copago» farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el «turismo sanitario» como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.
El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.
Copago sanitario
Este ‘copago’ será proporcional a la renta y se actualizará como máximo anualmente.
Así, los usuarios empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.
A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.
Los pensionistas pagarán con carácter general el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.
Los usuarios con un nivel de renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% del precio del medicamento, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos con más de 100.000 euros pagarán el 60%.
La norma sienta las bases para establecer una cartera de servicios común para todas las comunidades autónomas, que serán gratuitos, mientras que se acordará una cartera suplementaria, sujeta a ‘copago’.
Fuente: Terra.noticias
